Seguridad bonaerense: los intendentes reclaman más poder y recursos para enfrentar una realidad que cambió

Leo Nardini participó del debate por la reforma de la Ley de Seguridad Pública junto a jefes comunales de la Primera Sección Electoral. El reclamo central: más herramientas legales y financiamiento para los municipios.

La seguridad dejó de ser un problema lejano para los municipios

Durante años, la seguridad fue una discusión casi exclusiva de los gobiernos provinciales. Pero la realidad de los barrios fue empujando a los intendentes a ocupar un lugar cada vez más visible en una problemática que golpea directamente a los vecinos.

Patrullas municipales, centros de monitoreo, cámaras, prevención y coordinación con las fuerzas policiales forman parte de una estructura que muchos distritos ya sostienen con recursos propios.

Ese escenario fue uno de los puntos centrales de la Primera Jornada de Discusión para la Reforma de la Ley de Seguridad Pública bonaerense, donde participaron intendentes de la Primera Sección Electoral, autoridades del Ministerio de Seguridad provincial y legisladores.

El encuentro tuvo lugar en el Polideportivo Municipal La Torcaza, en Ituzaingó, y contó con la presencia del intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini.

Nardini pidió una nueva ley adaptada al rol actual de los municipios

La reforma apunta a modificar una normativa que tiene más de dos décadas y que, según plantean varios jefes comunales, quedó atrasada frente a los cambios que tuvieron las políticas de prevención y seguridad en los territorios.

Durante la jornada, Nardini sostuvo que los municipios necesitan un marco legal que acompañe las responsabilidades que ya asumieron.

“Hace 30 años tenemos una ley que quedó desfasada”, expresó el intendente de Malvinas Argentinas, al remarcar que las nuevas estructuras municipales requieren respaldo jurídico.

En ese sentido, planteó la necesidad de que la futura legislación contemple la realidad de las policías municipales y los equipos locales de prevención que funcionan en distintos distritos bonaerenses.

El financiamiento aparece como el punto más sensible del debate

Más allá de la discusión institucional, uno de los temas que atraviesa la reforma es el dinero.

Los municipios con mayor capacidad económica pueden sostener sistemas de prevención más amplios, mientras que otros distritos enfrentan mayores dificultades para mantener herramientas tecnológicas, móviles y personal.

Nardini señaló que las realidades financieras de los municipios son diferentes y que cualquier nuevo esquema debe contemplar esa desigualdad.

Porque en la práctica, la discusión sobre seguridad también es una discusión sobre recursos.

Un municipio puede tener voluntad política, pero sin presupuesto la prevención queda muchas veces limitada a anuncios y buenas intenciones.

Intendentes de distintos espacios participaron del debate provincial

La jornada reunió a jefes comunales de diferentes municipios de la Primera Sección Electoral, en una muestra de que la seguridad es uno de los pocos temas donde oficialismo y oposición suelen encontrar puntos de contacto.

Participaron Ricardo Curutchet, de Marcos Paz; Lucas Ghi, de Morón; Ramón Lanús, de San Isidro; Pablo Descalzo, de Ituzaingó; Damián Celsi, de Hurlingham; Federico Achával, de Pilar; Ariel Sujarchuk, de Escobar; Jaime Méndez, de San Miguel; y Juan Luis Mancini, de Suipacha.

La presencia de intendentes con distintas miradas políticas refleja una realidad común: los gobiernos locales sienten que cada vez tienen más responsabilidades frente al vecino.

Una reforma que abre una discusión política de fondo

La modificación de la Ley de Seguridad Pública bonaerense no es solamente un cambio administrativo.

También abre una discusión más profunda: cuánto poder deben tener los municipios sobre la seguridad, cómo se distribuyen las responsabilidades y quién responde ante los resultados.

Los intendentes reclaman herramientas porque son quienes reciben primero la queja del vecino cuando un barrio tiene problemas.

Pero la sociedad también espera respuestas concretas: menos delitos, más prevención y mayor presencia del Estado.

La nueva ley tendrá que encontrar ese equilibrio.

Porque en seguridad, como casi siempre, la discusión termina llegando al mismo lugar: quién tiene la responsabilidad cuando las cosas salen mal.

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