La Libertad Avanza reclama por la Ruta 11, pero el ajuste que defiende también tiene consecuencias
Roxana Cavallini y dirigentes de LLA presentaron una nota al intendente Juan de Jesús para que interceda ante AUBASA por el corte de pastizales. El pedido es legítimo, pero abre una discusión política incómoda: reclamar mantenimiento estatal mientras se acompaña un modelo nacional que redujo drásticamente los fondos para infraestructura.
Hay reclamos que son necesarios. Y hay contradicciones que también merecen ser señaladas.
Dirigentes de La Libertad Avanza del Partido de La Costa, encabezados por Roxana Cavallini, presentaron una nota por mesa de entrada de la Municipalidad para solicitarle al intendente Juan de Jesús que interceda ante AUBASA por el corte de pastizales y el desmalezado de la Ruta Provincial 11.
El planteo advierte sobre posibles riesgos para quienes transitan diariamente por el corredor vial. Hablan de deficiencias de mantenimiento, problemas de visibilidad y una situación que, según sostienen, afecta a miles de usuarios.
Hasta ahí, nada que objetar. La seguridad vial no tiene partido político. Los pastizales no distinguen entre libertarios, peronistas o radicales. Y nadie debería esperar a que ocurra una tragedia para exigir que una ruta esté en condiciones.
Pero la política no se trata solamente de presentar notas. También se trata de hacerse cargo de las ideas que uno defiende cuando esas ideas llegan al gobierno.
La Ruta 11, AUBASA y una responsabilidad que está escrita
Hay algo que conviene aclarar: el mantenimiento del corredor vial no es una tarea que dependa exclusivamente de la buena voluntad de un intendente.
La Ruta Provincial 11 forma parte del Sistema Vial Integrado del Atlántico, concesionado a AUBASA. El reglamento de explotación establece que la empresa tiene la obligación de mantener, reparar y conservar el sistema vial para garantizar condiciones de seguridad a los usuarios.
No es una interpretación política. Está escrito en el artículo 25 del reglamento de explotación de la concesión.
Por eso, el reclamo puede ser válido, pero también corresponde preguntarse por qué se elige presentar una solicitud al intendente para que interceda ante una empresa que tiene obligaciones contractuales concretas.
¿Se reclamó directamente ante AUBASA? ¿Se solicitó una inspección al organismo de control? ¿Se acompañaron fotografías, ubicaciones precisas o antecedentes de reclamos anteriores?
Son preguntas razonables. Sobre todo cuando se habla de seguridad vial.
Además, la preocupación por el estado de los pastizales ya había sido expresada públicamente por el Observatorio Vial ADM, que advirtió sobre la situación en distintos sectores de la Ruta 11 y reclamó tareas preventivas.
Es decir, el problema merece atención. Pero no nació con la presentación de La Libertad Avanza.
El ajuste que se defiende cuando gobierna otro
Acá aparece la discusión política que el comunicado de los dirigentes libertarios deja afuera.
La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad alrededor de la reducción del Estado, el recorte del gasto público y la idea de que había que terminar con los recursos destinados a estructuras que consideraba innecesarias.
El problema aparece cuando ese discurso se encuentra con la vida cotidiana.
Porque una ruta necesita mantenimiento. Una banquina necesita trabajadores y maquinaria. Una escuela necesita infraestructura. Un hospital necesita recursos. Y la seguridad vial no se resuelve con una publicación en redes sociales.
Los datos sobre la infraestructura nacional muestran la dimensión del ajuste: según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia publicado por La Nación, el presupuesto real de Vialidad Nacional cayó un 79% respecto de 2023. Los recursos destinados específicamente al mantenimiento de rutas nacionales también registraron una reducción cercana al 70% en ese período.
Son cifras que corresponden a la red nacional, no al contrato provincial de AUBASA. Pero muestran el rumbo de la política de infraestructura que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
Y ahí está la contradicción que vale la pena discutir: ¿se puede reclamar un Estado eficiente y presente cuando hace falta, mientras se acompaña políticamente un modelo que reduce sus herramientas y recursos para sostener la infraestructura?
¿Quién es Roxana Cavallini y en qué carácter presenta el reclamo?
Hay otro detalle que tampoco debería pasar inadvertido.
La publicación identifica a Roxana Cavallini como quien encabeza la presentación, pero no aclara en qué carácter institucional lo hace.
No surge de la información difundida que sea concejal ni que ocupe una función pública que le otorgue una representación institucional específica en el Concejo Deliberante.
Eso no le quita legitimidad para participar de un reclamo ciudadano. Cualquier vecino, dirigente o referente político puede presentar una nota ante el Municipio.
Pero sí importa conocer desde qué lugar habla, a quién representa y qué responsabilidad política tiene dentro del espacio que conduce o integra.
Si se trata de una presentación partidaria, corresponde decirlo. Si representa formalmente a alguna estructura de La Libertad Avanza, también sería bueno que lo expliquen.
La transparencia no debería ser una exigencia reservada para los adversarios.
La seguridad vial no puede convertirse en una herramienta de marketing
Que AUBASA cumpla con sus obligaciones no debería ser motivo de disputa partidaria. Debería ser lo normal.
Los vecinos que circulan por la Ruta 11 no necesitan una competencia de comunicados entre dirigentes. Necesitan que se corte el pasto, que se mantengan las banquinas y que se eliminen los factores de riesgo.
Y si el mantenimiento no se realiza, hay que reclamarlo con firmeza, identificar a los responsables y exigir respuestas.
Pero también hay que tener memoria política.
Porque cuando se habla de ajuste, no se está hablando solamente de una planilla de Excel. Se está hablando de recursos, de servicios, de trabajadores y de infraestructura. Y cuando esos recursos desaparecen, las consecuencias terminan apareciendo en algún lugar.
La pregunta para los dirigentes de La Libertad Avanza en La Costa no es si tienen derecho a reclamar. Por supuesto que lo tienen.
La pregunta es si están dispuestos a discutir también las consecuencias del modelo que defienden.
Porque para pedir que el Estado corte los pastizales hay que aceptar primero que el Estado tiene responsabilidades. Y para reclamar que esas responsabilidades se cumplan, también hay que explicar qué Estado quieren construir.
La Ruta 11 necesita mantenimiento, no relatos. Y la política necesita algo más que notas por mesa de entrada: necesita hacerse cargo de sus propias contradicciones.
