El Súper RIGI y la pregunta que nadie respondió: ¿para quién se está escribiendo esta ley?

Durante el debate en Diputados, los defensores del Súper RIGI aseguraron que Argentina necesita beneficios fiscales extraordinarios para atraer industrias que hoy no existen en el país. Pero quedó una pregunta sin responder: ¿qué empresas esperan esas ventajas y qué garantías tendrán los argentinos a cambio?

📚 Para entender esta historia

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado en 2024 como una herramienta para captar proyectos vinculados a minería, energía e hidrocarburos. Ahora el oficialismo impulsa una versión ampliada, conocida como Súper RIGI, destinada a actividades que actualmente no se desarrollan en Argentina.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable en Diputados y avanza hacia una nueva instancia legislativa. Durante el debate, los impulsores defendieron beneficios fiscales de largo plazo para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.

El Súper RIGI y una confesión que pasó desapercibida

En medio de la discusión parlamentaria, el diputado Álvaro Martínez dejó una definición que merece atención.

Explicó que el régimen está pensado para actividades que hoy no existen en Argentina y que exige inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares.

Es decir, no estamos hablando de pymes.

No estamos hablando de parques industriales regionales.

No estamos hablando de empresas argentinas que intentan sobrevivir a tasas, impuestos y costos crecientes.

Estamos hablando de proyectos gigantescos, capaces de negociar directamente con el Estado nacional condiciones excepcionales por tres décadas.

Treinta años.

Más tiempo que muchas carreras políticas completas.

Los beneficios son concretos, los inversores todavía son una incógnita

La defensa oficial del proyecto gira alrededor de una idea simple.

Si Argentina quiere competir por inversiones globales, debe ofrecer condiciones atractivas.

Puede ser una discusión válida.

Lo llamativo es que nadie parece preguntarse quiénes son exactamente los beneficiarios potenciales.

Si el problema es la ausencia de industrias de semiconductores, data centers globales o plantas de baterías de litio, entonces debería existir un universo identificable de empresas interesadas.

Sin embargo, el debate parece desarrollarse al revés.

Primero se discuten los beneficios.

Después aparecerían los inversores.

Como quien construye una autopista esperando que algún día aparezcan los autos.

El Congreso discute estabilidad para las multinacionales mientras las reglas cambian para todos los demás

Uno de los argumentos centrales del oficialismo es que Argentina espanta inversiones porque cambia constantemente las reglas de juego.

Es una observación difícil de discutir.

Pero también abre una contradicción interesante.

Si la inestabilidad es un problema para todos, ¿por qué la solución aparece únicamente para proyectos de más de 1.000 millones de dólares?

El comerciante.

La pyme.

La industria mediana.

El productor local.

Todos conviven con la misma incertidumbre.

Sin embargo, el paraguas protector parece abrirse únicamente cuando los números alcanzan escalas multimillonarias.

Es una curiosa forma de igualdad ante la ley.

El riesgo de convertir el futuro en un cheque firmado en blanco

Los impulsores del proyecto sostienen que quienes voten en contra estarán votando contra el empleo y el crecimiento.

Es una afirmación políticamente efectiva.

También bastante cómoda.

Porque convierte una discusión compleja en una elección binaria: desarrollo o atraso.

Pero los antecedentes argentinos obligan a formular algunas preguntas incómodas.

¿Cuántos empleos deberán crear estos proyectos?

¿Cuánto valor agregado quedará en el país?

¿Cuántos proveedores locales participarán?

¿Qué ocurrirá si las promesas no se cumplen?

¿Cuáles serán las sanciones?

Durante el debate hubo muchas referencias al futuro.

Lo que faltaron fueron precisiones sobre los mecanismos de control.

Una ley para atraer inversiones o una ley escrita a medida de alguien

Toda legislación económica tiene beneficiarios.

Eso no es una anomalía.

Es normal.

Lo que vuelve interesante al Súper RIGI es que todavía no está claro quiénes son.

Y cuando una ley ofrece ventajas extraordinarias durante treinta años para inversiones de escala global, conocer a los potenciales interesados no debería ser un detalle menor.

De hecho, debería ser el punto de partida de la discusión.

Porque una democracia sana no debería preguntarse solamente cuánto está dispuesta a conceder.

También debería preguntarse quién recibe esas concesiones.

Epílogo

En el Congreso se habló mucho de las industrias que todavía no existen.

Menos se habló de las condiciones que tienen las que ya existen.

Parece que el país decidió seducir a invitados que todavía no llegaron mientras los que ya viven en la casa siguen esperando que les arreglen la canilla.

Ensobrados, desde el Congreso, donde a veces se diseñan trajes de gala antes de saber quién vendrá a la fiesta.