Red de explotación sexual en Pinamar: cuatro detenidos y una investigación que podría llegar a la Justicia Federal
Una investigación del fiscal Walter Mercuri permitió desarticular una presunta red de explotación sexual en Pinamar y La Plata. Hay cuatro detenidos y la causa podría pasar al fuero federal por posible trata de personas.
Una red de explotación sexual en Pinamar quedó bajo investigación judicial luego de que los testimonios de dos jóvenes permitieran reconstruir el funcionamiento de una organización que habría reclutado mujeres, controlado sus ingresos, retenido documentación y utilizado amenazas para impedir que abandonaran la actividad.
La investigación está a cargo del fiscal Walter Mercuri, de la UFI N° 8 de General Madariaga, con participación de la SubDDI Villa Gesell y las DDI Dolores y La Plata.
Red de explotación sexual en Pinamar: cómo habría funcionado
Según los testimonios incorporados a la causa, la organización era conocida como “La Agencia” y habría operado entre Pinamar y La Plata.
La investigación señala a Luana Meza Romero, de 40 años, y Julieta Santillán, de 21, como integrantes centrales de la estructura. También fueron detenidos Camila Azul Muñoz, de 25 años, y Thomas Isaías Romero, de 25.
De acuerdo con las declaraciones de las víctimas, Santillán habría sido la encargada de reclutar jóvenes con las que previamente establecía una relación de confianza. La propuesta inicial consistía en trabajar juntas y obtener ingresos mediante servicios sexuales.
Sin embargo, según los relatos, las condiciones habrían cambiado con el tiempo.
Las jóvenes denunciaron que comenzaron a perder el control sobre el dinero obtenido y que se les exigían pagos por alojamiento y otros gastos. Una de ellas declaró que debía abonar $60.000, mientras que otra aseguró que le reclamaban $1.500.000.
La diferencia entre una actividad acordada y una situación de sometimiento, en esta investigación, aparece precisamente cuando las víctimas aseguran que dejaron de poder decidir sobre su dinero, sus documentos y hasta sus propios movimientos.
Pinamar, La Plata y el control mediante amenazas
Otro elemento investigado es la utilización de plataformas digitales para captar clientes. Según la causa, Meza Romero habría administrado perfiles de las jóvenes en una página denominada “Gemidos TV”.
Los pagos podían realizarse en efectivo, incluso en dólares, o mediante transferencias que, según los testimonios, eran recibidas por Meza Romero.
Pero el dinero no habría sido el único mecanismo de control.
Las víctimas denunciaron que les retenían sus DNI y teléfonos celulares y que recibían amenazas cuando intentaban regresar a sus casas.
Una de ellas aseguró que le dijeron que, si hablaba, su familia tendría problemas. También relató que después de escapar de la organización fue contactada nuevamente con la promesa de que las condiciones cambiarían.
Volvió.
Y, según declaró ante la Justicia, terminó considerando aquella decisión como la peor de su vida.
La red de explotación sexual en Pinamar también habría utilizado traslados hacia La Plata como mecanismo de control. Las jóvenes eran llevadas bajo la promesa de conseguir mejores ingresos, pero denunciaron que allí debían continuar trabajando para saldar supuestas deudas y permanecían bajo vigilancia.
La denuncia que permitió descubrir la red
El caso comenzó a cambiar el 5 de agosto, cuando una joven de 20 años llegó a la DDI La Plata acompañada por Santillán. Su familia había denunciado su desaparición al no tener noticias de ella.
Un efectivo policial detectó una posible situación de retención y decidió entrevistarla por separado.
La joven manifestó que estaba siendo obligada a trabajar y que tenía miedo por la seguridad de sus padres.
A partir de esa declaración fue detenida Santillán.
Horas después, otra joven llegó a la dependencia enviada, según la investigación, por Meza Romero para averiguar qué había ocurrido. Durante la entrevista también manifestó que era víctima de la organización.
Con esos elementos, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores autorizó allanamientos en Pinamar y La Plata.
Los investigadores secuestraron teléfonos, documentación de las víctimas, prendas, profilácticos y otros elementos. También encontraron $3.397.500 y US$1.100.
La causa continúa y podría pasar a la Justicia Federal ante la posible existencia del delito de trata de personas.
Todavía falta determinar el alcance completo de la organización y si existen otras víctimas o integrantes.
Pero la investigación ya dejó una pregunta que excede a los cuatro detenidos: cómo una estructura basada en el reclutamiento, el dinero y el miedo pudo funcionar durante tanto tiempo.
Porque cuando alguien necesita quitarle a otra persona el DNI, el teléfono y la posibilidad de volver a su casa para conseguir que permanezca, difícilmente pueda hablarse simplemente de un trabajo.
La Justicia deberá ponerle nombre jurídico a todo lo demás.
