BARRERA BAJO LA LUPA: MILLONARIAS MULTAS, DEUDAS Y UN FALLO QUE GOLPEA A LA GESTIÓN DE VILLA GESELL
El Tribunal de Cuentas castigó al intendente Gustavo Barrera y a parte de su gabinete por irregularidades detectadas en la Rendición de Cuentas 2024. Mientras el municipio acumula déficit y deuda, los vecinos siguen pagando tasas cada vez más altas.
Hay una costumbre muy argentina.
Cuando la economía de una familia no cierra, se revisan los gastos.
Cuando no cierra la de un municipio, aparecen los expedientes.
Y cuando aparecen los expedientes, a veces también aparecen las multas.
Eso acaba de pasar en Villa Gesell.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires emitió su sentencia sobre la Rendición de Cuentas 2024 y el resultado fue un golpe político de esos que duelen más por lo que muestran que por el monto de la sanción.
El intendente Gustavo Barrera recibió una multa personal de $1,7 millones por incumplimientos administrativos y legales detectados por el organismo de control.
Pero el problema no termina ahí.
Porque detrás de esa cifra aparece algo mucho más preocupante: un municipio con déficit, una deuda flotante multimillonaria, observaciones contables que se repiten desde hace años y funcionarios obligados a responder económicamente por decisiones que, según el fallo, perjudicaron las arcas públicas.
Un municipio que gastó más de lo que tenía
La fotografía que dejó la auditoría no es precisamente la de una administración ordenada.
Según el fallo, Villa Gesell cerró 2024 con un resultado financiero negativo superior a los 1.218 millones de pesos.
Traducido al idioma de la calle: salió más plata de la que entró.
A eso se suma una deuda flotante superior a los 3.067 millones de pesos.
Y ahí aparece la pregunta incómoda.
Si las tasas municipales aumentan todos los años y los vecinos siguen pagando servicios cada vez más caros, ¿cómo se llega a semejante agujero financiero?
Porque cuando una familia se endeuda es una tragedia.
Cuando se endeuda un municipio, la cuenta siempre termina llegando a los contribuyentes.
El problema que viene desde 2018
Uno de los puntos más delicados observados por el Tribunal tiene que ver con la llamada “Previsión para Incobrables”.
Suena técnico.
Pero el fondo es sencillo.
Se trata del cálculo que hace el municipio sobre cuánto dinero realmente podrá cobrar.
Según el organismo de control, existen errores arrastrados desde 2018 que generaron diferencias cercanas a los 872 millones de pesos respecto de los registros municipales.
Es decir, durante años se habría trabajado con números que no reflejaban correctamente la realidad financiera.
Y cuando los números no reflejan la realidad, la política suele terminar chocando contra la contabilidad.
Turismo, contratos y documentación que no apareció
Gesell vive del turismo.
Por eso no pasó desapercibido que una parte de las observaciones apuntara a cuestiones vinculadas con las Unidades Turísticas Fiscales y diversas contrataciones.
Según la sentencia, hubo falta de documentación respaldatoria en distintos expedientes y observaciones vinculadas a pólizas y contratos relacionados con eventos.
No se trata de una acusación penal.
Pero sí de algo que cualquier organismo de control considera grave: gastar dinero público sin que toda la documentación aparezca de manera clara y completa.
En la administración pública, los papeles importan.
Y mucho.
Porque son los que explican cómo se gastó cada peso.
La planta municipal que no cerraba
Otro dato que llamó la atención de los auditores fue la existencia de agentes asignados a distintas áreas que no figuraban dentro de la estructura orgánica aprobada oficialmente.
Gobierno.
Obras Públicas.
Acción Social.
La observación abre interrogantes sobre la organización administrativa y el control interno del municipio.
Porque si ni siquiera coinciden las estructuras formales con los registros de personal, la transparencia empieza a mostrar grietas.
El costo de no responder
Tal vez uno de los aspectos más simbólicos del fallo sea el cargo impuesto por juicios y amparos perdidos debido a la falta de respuesta a pedidos de información pública.
Es una señal política potente.
Porque la información pública no pertenece a los funcionarios.
Pertenece a los ciudadanos.
Y cuando la Justicia obliga a entregar información que debió haberse entregado desde el principio, el costo termina saliendo de algún lado.
En este caso, según el fallo, también recae sobre los responsables de la gestión.
El Concejo aprobó. El Tribunal observó.
Hay una escena que se repite en muchos municipios bonaerenses.
El oficialismo aprueba la rendición.
La oposición protesta.
Y después llega el Tribunal de Cuentas.
En Villa Gesell ocurrió algo parecido.
La rendición había sido convalidada políticamente por el Concejo Deliberante.
Sin embargo, el organismo provincial mantuvo observaciones, multas y cargos económicos.
Porque una votación política puede cerrar una discusión partidaria.
Pero no necesariamente una discusión contable.
Cuando la política mira para otro lado
El dato más preocupante quizás no sea la multa de 1,7 millones.
Ni los cargos que superan el millón de pesos.
Ni siquiera el déficit.
Lo más preocupante es la sensación de repetición.
Observaciones que vuelven.
Errores que se arrastran.
Desbalances que crecen.
Explicaciones que nunca terminan de convencer.
Mientras tanto, el vecino sigue pagando.
El comerciante sigue haciendo cuentas.
Y el contribuyente sigue escuchando que no hay plata para determinadas cosas.
La pregunta entonces no es cuánto deberá pagar Gustavo Barrera por esta sanción.
La pregunta es cuánto termina pagando Villa Gesell cada vez que la administración pública se vuelve más desordenada que transparente.
Porque cuando los gobiernos se equivocan, rara vez son ellos los que sufren las consecuencias primero.
Generalmente, la cuenta llega mucho después.
Y siempre encuentra a alguien esperando del otro lado del mostrador.
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