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Investigaciones Pinamar: los $79 millones en Mercado Pago que investiga el Tribunal de Cuentas

Una cuenta de Mercado Pago utilizada por la Municipalidad de Pinamar cerró 2024 con más de $79 millones registrados cuando debía encontrarse regularizada. El Tribunal de Cuentas mantuvo observaciones sobre los movimientos contables, mientras una denuncia penal por presunto fraude y un sumario administrativo continúan bajo investigación.

PINAMAR: UNA CUENTA DE MERCADO PAGO CON $79 MILLONES, UNA DENUNCIA PENAL Y UN EXPEDIENTE QUE SIGUE ABIERTO

El Tribunal de Cuentas observó movimientos contables que no pudo verificar completamente. La Municipalidad presentó una denuncia por presunto fraude contra la administración pública y el organismo provincial decidió mantener la cuestión bajo análisis.

En política suele haber dos tipos de problemas.

Los que se explican rápido.

Y los que cuanto más se intentan explicar, más preguntas generan.

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Lo ocurrido con una cuenta de Mercado Pago utilizada por la Municipalidad de Pinamar parece encuadrar dentro del segundo grupo.

Según surge del fallo del Honorable Tribunal de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2024, los auditores detectaron que la cuenta contable N° 1125 denominada “Mercado Pago” registraba al 31 de diciembre un saldo de $79.328.524,48.

A simple vista podría parecer un dato técnico más dentro de una rendición de cuentas extensa. Sin embargo, la observación adquiere otra dimensión cuando se analiza la función que esa cuenta debía cumplir dentro de la estructura financiera municipal.

De acuerdo con los antecedentes citados por el propio organismo de control, se trata de una cuenta transitoria destinada a reflejar operaciones de cobranza electrónica antes de que los fondos sean transferidos a las cuentas bancarias definitivas del municipio.

Por esa razón, al cierre del ejercicio debía encontrarse regularizada.

Pero eso no ocurrió.

Y es precisamente allí donde comienzan las dudas que todavía siguen abiertas.

Los millones observados que el Tribunal no logró validar

La resolución del Tribunal señala que la documentación aportada por la Municipalidad no permitió acreditar la exactitud del saldo registrado.

En otras palabras, los auditores encontraron diferencias y movimientos cuya composición no pudo ser verificada completamente con los elementos incorporados al expediente.

La situación no se limitó únicamente a la cuenta Mercado Pago.

Durante la misma revisión también se observó la cuenta denominada “Ingresos Pendientes”, que registraba un saldo de $574.354.422,81 al cierre del ejercicio.

Las propias autoridades municipales reconocieron la existencia de errores de imputación y la necesidad de realizar ajustes para regularizar determinadas registraciones contables.

Sin embargo, para el organismo de control las explicaciones presentadas no resultaron suficientes para despejar todas las observaciones formuladas.

Por eso el expediente quedó abierto.

Y por eso la cuestión todavía sigue bajo análisis.

La denuncia que nació dentro del propio municipio

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que la controversia no quedó encerrada únicamente dentro de un expediente administrativo.

El 31 de enero de 2025, el entonces secretario de Hacienda, Francisco Montes, presentó una denuncia penal vinculada a los hechos detectados.

La causa quedó registrada bajo la IPP N° 03-03-000765-25 y tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Pinamar bajo la figura de presunto fraude en perjuicio de la administración pública.

Según consta en el fallo, la presentación incluyó documentación que habría vinculado a una agente municipal con una presunta maniobra actualmente bajo investigación judicial.

Ese dato modifica el escenario político.

No se trata de una sospecha impulsada por dirigentes opositores ni de una denuncia formulada por terceros. Fue la propia administración municipal la que decidió llevar el caso a la Justicia para que se investigaran los hechos detectados.

Posteriormente, el intendente Juan Ibarguren ordenó la realización de un Sumario Administrativo de Responsabilidad Patrimonial con el objetivo de profundizar el análisis interno de la situación.

La pregunta que sigue sin respuesta

A pesar de la denuncia penal, del sumario administrativo y de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, todavía existen aspectos centrales que no aparecen aclarados en la documentación pública analizada.

¿Qué movimientos concretos integran los $79.328.524,48 observados en la cuenta Mercado Pago?

¿Cuánto tiempo permanecieron registrados esos fondos dentro de esa operatoria?

¿Qué vinculación existe entre ese saldo y los más de $574 millones contabilizados en la cuenta “Ingresos Pendientes”?

Y existe además otro interrogante que inevitablemente surge cuando aparecen montos significativos asociados a plataformas de cobranza digital.

Si parte de esos fondos permanecieron durante períodos prolongados dentro del sistema, ¿se verificó la existencia de rendimientos financieros asociados a esos saldos?

En caso de haberse generado algún tipo de renta, ¿dónde fue registrada contablemente y cuál fue su destino?

El fallo no brinda respuestas sobre ese punto.

Tampoco afirma que dichos rendimientos hayan existido.

Simplemente deja planteada una duda razonable que podría formar parte de futuras aclaraciones o actuaciones administrativas.

Un expediente que el Tribunal decidió no cerrar

Lejos de dar por concluida la cuestión, el Tribunal de Cuentas resolvió mantener la observación en reserva y continuar recabando información sobre la evolución de la causa penal y del sumario administrativo.

La decisión resulta significativa porque implica que el organismo todavía no considera agotadas las instancias de análisis necesarias para determinar responsabilidades o validar definitivamente las registraciones observadas.

En términos políticos, el problema ya no pasa solamente por una diferencia contable.

Lo que está en discusión es si los movimientos detectados responden exclusivamente a errores administrativos y registrales o si existe algún otro elemento que justifique la intervención simultánea de la Justicia, del municipio y del organismo provincial de control.

Por ahora no hay conclusiones definitivas.

Lo que sí existe es una cuenta que debía cerrar regularizada y terminó mostrando más de 79 millones de pesos observados.

Existe una denuncia penal en trámite.

Existe un sumario patrimonial abierto.

Y existe un Tribunal de Cuentas que decidió seguir investigando antes de dar cualquier explicación por válida.

En una época donde cada peso que sale del bolsillo de los vecinos está bajo discusión, no parece una pregunta exagerada pedir que también se explique con precisión qué ocurrió con cada peso que ingresó a las cuentas del municipio.


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