Castelli: un allanamiento vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos municipales
La Justicia ordenó un allanamiento en una propiedad vinculada a Laura Olguín y Sebastián Prediger, dos exfuncionarios de Castelli que están co-imputados en una investigación iniciada tras una denuncia del intendente Francisco Echarren. La causa apunta al destino de materiales destinados a viviendas públicas y suma otros episodios vinculados con recursos municipales.
Hay momentos en los que una obra pública deja de ser solamente una obra pública.
En Castelli, ladrillos, hierros, techos, materiales reciclables y hasta una pala cargadora municipal quedaron en el centro de una investigación judicial que vuelve a poner bajo la lupa la administración de recursos públicos.
El Municipio difundió un extenso comunicado para informar que Laura Olguín y Sebastián Prediger se encuentran co-imputados en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por el intendente Francisco Echarren. El dato que modificó el escenario fue el allanamiento realizado ayer en una propiedad vinculada a ambos.
Según informó la comuna, el procedimiento tuvo intervención policial y de peritos y buscó recolectar elementos para determinar si materiales destinados a viviendas públicas fueron utilizados en una obra privada.
La Justicia deberá establecer qué ocurrió. Pero la lista de preguntas que aparece en la investigación es larga.
Qué investiga la Justicia en Castelli por los materiales de las viviendas
Uno de los puntos centrales gira alrededor de las 83 viviendas del barrio Curita.
De acuerdo con el Municipio, la investigación busca establecer si durante el período en que Olguín tenía responsabilidades sobre esa obra pública se utilizaron ladrillos, hierros u otros materiales adquiridos para las viviendas en una construcción privada vinculada a Olguín y Prediger.
También se analiza la coincidencia temporal entre el comienzo y avance de esa obra privada y el desarrollo de las viviendas públicas.
Es una cuestión que deberá probarse con documentación, peritajes y otros elementos incorporados al expediente.
No alcanza con que dos obras hayan avanzado al mismo tiempo. La pregunta judicial es bastante más concreta: qué materiales se compraron, dónde fueron destinados y quién tenía responsabilidad sobre ellos.
Y ahí aparece uno de los puntos más sensibles para cualquier municipio: la trazabilidad de los recursos públicos.
Los 28 techos y un antecedente que ya había terminado en tribunales
La investigación actual tiene además un antecedente que no es menor.
En 2025, el Municipio había denunciado a Olguín, Prediger y a la empresa Novella por el incumplimiento en la entrega de 28 techos destinados a un barrio de viviendas. La causa avanzó judicialmente y posteriormente fueron restituidos los materiales reclamados, cuyo valor había sido estimado por fuentes municipales en alrededor de $300 millones.
Ahora el Municipio vuelve a poner ese episodio sobre la mesa.
La pregunta, entonces, no es solamente cuánto costaron esos materiales.
Es también por qué fueron pagados, quién debía recibirlos, qué ocurrió con ellos y por qué terminó interviniendo la Justicia.
En una ciudad donde las viviendas públicas significan una llave para decenas de familias, cada demora administrativa tiene una consecuencia concreta: una casa que no se termina.
Y esa es probablemente la parte menos abstracta de todo este expediente.
Una investigación que también alcanza a los reciclables y una máquina municipal
Pero el caso no termina en las viviendas.
Según el comunicado oficial, Sebastián Prediger también está siendo investigado por el destino del dinero obtenido mediante la venta de materiales reciclables de la planta municipal.
El Ejecutivo sostiene que esos fondos debían beneficiar a trabajadores y que alrededor de 20 empleados podrían aportar testimonios sobre esas operaciones y sobre la falta del bono que, según el Municipio, debía corresponderles.
La acusación deberá ser acreditada en sede judicial.
El expediente también incorporó, siempre según la versión difundida por la comuna, una compra de una pala cargadora municipal.
El Municipio sostiene que detectó un presunto sobreprecio cercano a los USD 12.000, anuló el procedimiento original y posteriormente adquirió una máquina similar por un monto menor.
Ese dato también deberá ser contrastado con los expedientes de compra, las ofertas presentadas y las actuaciones administrativas correspondientes.
Porque en materia de contrataciones públicas hay una pregunta bastante sencilla que suele explicar casi todo: ¿cuánto iba a pagar el Estado y cuánto terminó pagando?
El problema político es más grande que un allanamiento
La Municipalidad de Castelli eligió una palabra contundente para presentar el caso: “la verdad”.
Pero una investigación judicial todavía no es una sentencia.
Ese límite importa.
Olguín y Prediger están co-imputados y la Justicia deberá determinar qué hechos pueden probarse, qué responsabilidades corresponden y si existieron delitos. El allanamiento es una medida de investigación, no una condena.
Al mismo tiempo, tampoco es correcto reducir todo a un simple cruce político.
Hay denuncias formalizadas, documentación aportada y medidas judiciales concretas. El allanamiento de ayer demuestra que el expediente continúa avanzando.
Y ahora aparece el desafío más importante para Castelli: que la discusión deje de ser solamente entre el oficialismo y los exfuncionarios involucrados.
Porque el dinero que está bajo discusión no es del intendente.
Tampoco de sus funcionarios.
Es dinero municipal.
Es decir, de los vecinos.
La pregunta que queda abierta en Castelli
Una pala cargadora puede tener un precio. Un lote de ladrillos también. Una carga de materiales reciclables puede transformarse en dinero.
Pero una vivienda pública tiene algo más.
Tiene una familia esperando.
Por eso la investigación sobre Castelli puede terminar siendo bastante más importante que la disputa política entre un intendente y dos exfuncionarios.
Si la Justicia confirma irregularidades, habrá que determinar responsabilidades.
Si no las confirma, también deberá quedar claro por qué se llegó hasta acá.
En ambos escenarios, la pregunta es la misma:
¿Quién controlaba los recursos y quién terminó pagando las consecuencias?
Porque cuando desaparece un ladrillo de una obra pública, no desaparece solamente un ladrillo.
Desaparece una parte de una casa que alguien estaba esperando.
