Rutas del Mercosur: el Gobierno celebra la inversión privada y la oposición pregunta dónde fue a parar la plata del combustible
El Gobierno asegura que ya recuperó más de 360 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14 y 135 con inversión 100% privada. La oposición cuestiona qué ocurrió con los recursos del impuesto al combustible destinados al mantenimiento vial. En el medio, están quienes usan las rutas todos los días.
Hay una imagen bastante argentina: el Gobierno anuncia que arregló una ruta y la oposición pregunta por qué hubo que esperar a que estuviera destruida.
La discusión ahora pasa por las rutas del Mercosur, donde la Nación asegura que avanzan trabajos de recuperación sobre más de 360 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14 y 135. La particularidad que destaca el Ejecutivo es que las obras cuentan con inversión 100% privada.
La noticia, en principio, es buena.
Una ruta arreglada es una ruta más segura. Para una familia que viaja, para un camionero que cruza el país, para una empresa que mueve mercadería o para un turista que llega a la costa, el asfalto no es una cuestión ideológica.
Es la diferencia entre llegar o quedarse tirado.
Más de 360 kilómetros recuperados en el corredor del Mercosur
Los trabajos forman parte del Tramo Oriental de la Red Federal de Concesiones, que comprende unos 682 kilómetros de rutas nacionales en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
Según informó el Gobierno nacional, ya fueron completadas las obras iniciales en más de 360 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14 y 135.
Se trata de un corredor estratégico para la producción, el transporte y el turismo.
La apuesta oficial es avanzar hacia un esquema de concesiones donde el sector privado asuma la inversión y el mantenimiento, con la promesa de lograr una gestión más eficiente de la infraestructura vial.
El argumento tiene lógica: si el Estado no tiene capacidad —o voluntad— para mantener las rutas, aparece el capital privado.
Pero ahí empieza la otra discusión.
La pregunta de Tolosa Paz: ¿qué pasó con el impuesto al combustible?
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz salió a cuestionar el anuncio y puso el foco en los recursos que ya existen para financiar el mantenimiento de las rutas nacionales.
“Inversión 100% privada”, celebró el Gobierno, ironizó.
Y planteó una pregunta: qué ocurre con los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que según sostuvo están destinados al mantenimiento de las rutas nacionales.
La legisladora habló de más de $1 billón y apuntó contra la política económica del ministro Luis Caputo.
Su planteo va más allá de una ruta determinada. La discusión es quién termina financiando la infraestructura.
Porque si el automovilista carga combustible y paga impuestos asociados a ese consumo, es razonable que aparezca una pregunta bastante sencilla: ¿cuánto de esa plata vuelve efectivamente a las rutas?
Tolosa Paz fue todavía más dura y vinculó el deterioro de la infraestructura con el esquema fiscal del Gobierno de Javier Milei. Incluso calificó el abandono vial como “criminal” por el impacto que puede tener sobre familias, transportistas y actividades productivas.
Son afirmaciones políticas de la oposición y deben leerse como tales. Pero apuntan a una discusión concreta que excede la pelea partidaria.
El negocio de la ruta también se discute
El modelo de concesiones modifica quién pone la plata, quién mantiene la infraestructura y bajo qué condiciones se recupera esa inversión.
Y ahí aparece la pregunta que siempre conviene hacer cuando entra el sector privado en una obra pública: ¿quién paga y quién cobra?
Porque una ruta no es solamente asfalto.
Es logística. Es turismo. Es producción. Es seguridad vial. Es tiempo. Es combustible. Es desgaste de camiones. Es competitividad.
Si la inversión privada permite recuperar kilómetros abandonados y mantenerlos en condiciones, el usuario será el primero en notarlo.
Pero si el Estado resigna recursos sin explicar con claridad qué ocurre con los fondos específicos que ya recauda, también deberá responder.
La discusión no debería ser si una ruta la arregla Milei, Caputo, un gobernador o una empresa.
La pregunta es más simple.
¿Cuánto cuesta mantenerla, quién pone la plata y quién termina pagando la cuenta?
Porque las rutas pueden tener concesionarios privados.
Pero los que las usan siguen siendo los mismos: trabajadores, transportistas, productores, comerciantes y familias.
Y esos no pueden concesionar el riesgo de llegar sanos a destino.
