Mientras media provincia se congela, Santilli salió a juntar votos para recortar la Zona Fría

El nuevo jefe de Gabinete debutó en el Senado buscando destrabar el proyecto que reduciría el beneficio en las tarifas de gas. Todo ocurre mientras gran parte de Buenos Aires atraviesa una de las olas polares más intensas de los últimos años y más de 1,2 millones de bonaerenses podrían verse afectados.

Hay decisiones políticas que, además de discutirse por su contenido, quedan marcadas por el momento en que se toman.

Mientras miles de familias bonaerenses despertaban con temperaturas bajo cero, heladas y hasta nevadas en distintas localidades del interior, Diego Santilli recorría el Senado intentando conseguir los votos necesarios para avanzar con un proyecto que reduciría el alcance del régimen de Zona Fría.

La imagen genera una pregunta inevitable: ¿era este el momento para impulsar una medida que podría aumentar el costo de calefaccionarse en pleno invierno?

No se trata solamente de una discusión técnica sobre subsidios o equilibrio fiscal. Detrás del expediente hay millones de hogares que dependen del beneficio para afrontar una factura de gas que ya viene acumulando fuertes aumentos durante el último año.

Santilli quedó al frente de una negociación incómoda

Apenas asumido como jefe de Gabinete, Santilli encabezó reuniones con senadores de distintos bloques para intentar reunir el respaldo necesario al proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

La propuesta busca modificar el régimen de Zona Fría, limitando el descuento automático para concentrarlo principalmente en usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna y hogares que acrediten vulnerabilidad social.

En los hechos, millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis y otras jurisdicciones dejarían de acceder al beneficio que hoy reciben.

Aunque Santilli expresó confianza en conseguir los votos, el escenario legislativo aparece lejos de estar resuelto. Incluso dentro de sectores aliados surgieron reparos y cuestionamientos sobre el alcance del proyecto.

El frío convirtió la discusión en una realidad cotidiana

La política suele debatir números.

La gente mira el termómetro.

Durante los últimos días, varias ciudades bonaerenses quedaron entre las más frías del país. Tandil registró temperaturas cercanas a los -4 °C, Azul también amaneció bajo cero, mientras Villa Gesell, Coronel Suárez y otras localidades soportaron jornadas con sensaciones térmicas extremas.

En Sierra de la Ventana volvió a nevar.

No son estadísticas.

Son familias que necesitan prender la estufa durante buena parte del día para atravesar el invierno.

Por eso la discusión dejó de ser un expediente parlamentario para transformarse en un problema concreto para miles de vecinos.

Más de un millón de bonaerenses podrían perder el beneficio

Las estimaciones indican que más de 1,2 millones de usuarios de la provincia podrían quedar alcanzados por la reducción del régimen.

Solo en Olavarría, más de 43.000 usuarios reciben actualmente descuentos del 30% o del 50% sobre la tarifa del gas.

En la Séptima Sección Electoral el beneficio alcanza aproximadamente a 100.000 usuarios.

Detrás de cada número hay jubilados, trabajadores, pequeños comerciantes, productores y familias que ya vienen absorbiendo aumentos en servicios, alimentos y transporte.

La preocupación no tardó en trasladarse a los municipios.

Los intendentes salieron al cruce

Desde distintos distritos comenzaron a aparecer comunicados, reclamos públicos y pedidos para que los legisladores nacionales rechacen el proyecto.

Intendentes radicales de localidades del interior bonaerense advirtieron que la medida impactaría especialmente sobre trabajadores, jubilados y sectores medios que necesitan calefaccionarse durante varios meses al año.

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, fue uno de los más críticos.

Según planteó, quienes hoy reciben descuentos del 50% pasarían a afrontar la tarifa plena, sumándose además los incrementos previstos en el servicio.

Moccero también sostuvo que el régimen de Zona Fría no representa un gasto directo del Estado nacional, sino que se financia mediante un recargo aplicado sobre las facturas de gas de todos los usuarios del país. Esa interpretación forma parte de los argumentos utilizados por quienes rechazan la reforma y cuestionan que se presente exclusivamente como una medida de ahorro fiscal.

En Tres Arroyos, Pablo Garate fue en la misma dirección.

Tras las nevadas registradas en la región, sostuvo que los fenómenos climáticos demuestran que esas localidades tienen condiciones que justifican plenamente su inclusión dentro del régimen especial.

El costo político recién empieza

La Casa Rosada busca mostrar señales de disciplina fiscal.

Pero la política tiene una particularidad.

Las decisiones nacionales terminan llegando a las casas en forma de factura.

Y cuando eso ocurre, el vecino no suele reclamarle al senador que votó una ley.

Va al municipio.

Llama al intendente.

Pregunta cómo va a hacer para pagar.

Ese escenario explica por qué muchos jefes comunales empezaron a levantar la voz incluso antes de que el proyecto llegue al recinto del Senado.

La discusión ya no es solamente económica

Cada gobierno tiene derecho a revisar políticas públicas.

Lo que también corresponde preguntarse es quién absorbe el costo de esos cambios.

Porque mientras en Buenos Aires se registraban algunas de las temperaturas más bajas del país, la prioridad política pasó por acelerar una reforma que podría encarecer el acceso a la calefacción para millones de hogares.

Quizá esa sea la mayor contradicción de toda esta historia.

Cuando afuera cae nieve, la discusión sobre el gas deja de ser ideológica.

Pasa a ser una cuestión de supervivencia cotidiana.

Y en esa realidad, los discursos sobre el equilibrio fiscal pesan bastante menos que una factura imposible de pagar.

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