El fallo del Tribunal de Cuentas golpea de lleno a la gestión de Gustavo Barrera: déficit millonario, contrataciones cuestionadas, seguros irrisorios y un patrón de irregularidades que se repite desde hace años.
“Se extralimitó en sus facultades”.
La frase no salió de la oposición.
Ni de un programa de televisión.
Ni de un vecino indignado en Facebook.
La escribió el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Y cuando un organismo del propio Estado empieza a escribir así, es porque el humo ya no entra en la contabilidad.
Porque detrás del marketing turístico, de las fiestas populares y de la épica municipal permanente, el fallo sobre la Rendición 2024 de Villa Gesell deja una imagen brutal: un municipio desbordado, con números que no cierran, controles que no existen y funcionarios sancionados por incumplimientos que el Tribunal considera graves.
La cifra impacta sola.
$11.780 millones gastados por encima del presupuesto.
No es un error de tipeo.
Son once mil millones de pesos ejecutados por fuera de lo autorizado.
Y encima, según el Tribunal, más de $2.000 millones ni siquiera podían compensarse con mayor recaudación o ahorros.
O sea: gasto puro.
Caja desbordada.
Administración sin freno.
El municipio de los 576 empleados “extra”
Pero el dato político más incómodo quizás sea otro.
Villa Gesell tenía autorizados 2.680 cargos.
Terminó usando 3.256.
Son 576 puestos más de los aprobados.
Y la explicación oficial roza el surrealismo administrativo: el municipio argumentó que parte de la diferencia se debía a empleados que ya no trabajaban, pero seguían cargados en el sistema.
Una especie de cementerio burocrático digital.
Legajos sin depurar.
Áreas inexistentes.
Personal asignado a secretarías que ni siquiera figuraban en la estructura orgánica aprobada.
La pregunta cae sola.
¿Durante años nadie controló nada?
¿O nadie quiso controlar?
Porque cuando un Estado no sabe cuánta gente tiene, ya no hay desorden.
Hay otra cosa.
Un agujero negro de $5.400 millones
El fallo además detecta una diferencia de $5.408 millones entre los registros contables y el inventario real de bienes físicos del municipio.
Sí.
Cinco mil cuatrocientos millones.
El caso más llamativo aparece en una obra de red eléctrica incorporada con una valuación de más de $10.822 millones que, según el Tribunal, estaba inflada respecto de su valor real.
Otra vez la misma sensación.
Números dibujados.
Balances inflados.
Papeles que cuentan una realidad y expedientes que muestran otra.
Y mientras tanto, el municipio justificaba parte del déficit culpando a la cooperativa CEVIGE y al derrumbe del Dubrovnik.
Pero el Tribunal fue demoledor.
Sobre la deuda de la cooperativa recordó que el conflicto existe desde 2014 y que esos recursos “no debieron ser considerados para la ejecución del presupuesto”.
Traducido del idioma contable al castellano: estaban contando plata que probablemente nunca iba a entrar.
El Estado sin seguro
Hay un capítulo que parece escrito para una película mala.
Pero está en un documento oficial.
El Tribunal detectó que la Municipalidad alquiló inmuebles sin contratar seguros obligatorios.
También cuestionó las coberturas del Enduro del Verano 2024, donde no se acreditó el seguro de responsabilidad civil de U$S 2 millones exigido contractualmente.
Y el seguro para espectadores cubría menos tiempo que la duración real del evento.
Una locura.
¿Qué pasaba si ocurría una tragedia?
¿Quién respondía?
¿Con qué plata?
El propio fallo advierte que la omisión “puede generar responsabilidad patrimonial para la Municipalidad”.
Es decir: para todos.
Porque cuando el Estado improvisa, la cuenta termina cayendo sobre los contribuyentes.
Siempre.
Contratos directos y “hechos consumados”
El Tribunal también cuestionó contrataciones directas por cientos de millones de pesos.
El caso más fuerte involucra un servicio de cajas roll-off por $420 millones.
El municipio intentó presentarlo como una “ampliación” contractual.
Pero el organismo sostuvo que correspondía una nueva licitación pública.
Otra vez aparece la lógica del atajo.
La urgencia permanente.
El expediente acomodado.
La discrecionalidad convertida en método.
Y ahí surge otra frase demoledora del fallo:
“Se advierte que el Departamento Ejecutivo se extralimitó en el ejercicio de sus facultades”.
No habla de un error administrativo aislado.
Habla de un poder que avanzó sobre atribuciones del Concejo Deliberante.
Un Ejecutivo gobernando como si el control institucional fuera una molestia burocrática.
Subsidios sin comprobantes y juicios “regalados”
El Tribunal además detectó subsidios entregados sin rendiciones documentadas.
Millones girados para eventos como la Fiesta de la Diversidad Cultural con simples comprobantes de transferencia bancaria, pero sin facturas ni respaldos concretos sobre el destino real del dinero.
Y como si faltara algo, el municipio terminó pagando juicios y honorarios que podrían haberse evitado si los funcionarios hubieran contestado a tiempo pedidos administrativos.
Sí.
Perdieron plata pública por no responder papeles.
El fallo es lapidario:
“Estas erogaciones implicaron un perjuicio para el erario municipal”.
No fue mala suerte.
Fue negligencia.
Y esa negligencia ahora derivó en multas personales para funcionarios y cargos de devolución solidaria.
Entre ellos, el intendente Gustavo Barrera.
El problema ya no es el desorden
Lo más grave del fallo no son las multas.
Ni los seguros.
Ni siquiera el déficit.
Lo verdaderamente inquietante es otra cosa.
El Tribunal habla de observaciones que se repiten desde 2018, 2019 y ejercicios anteriores “sin verificarse una conducta correctiva”.
Eso cambia todo.
Porque cuando los errores se repiten durante años, dejan de ser errores.
Pasan a convertirse en sistema.
Y ahí aparece la pregunta que nadie quiere responder en Villa Gesell:
¿el municipio perdió el control… o el descontrol ya era la forma de administrar?
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