Di Tullio busca derogar el “blindaje fiscal” y cuestiona los alcances de la Ley 27.799
La senadora nacional bonaerense presentó un proyecto para eliminar los artículos 38 a 42 de la Ley 27.799, que creó un régimen simplificado para Ganancias. Cuestiona la presunción de exactitud y los efectos liberatorios previstos para quienes adhieran al sistema.
La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio presentó un proyecto de ley para derogar el Capítulo III de la Ley N.º 27.799, conocido políticamente como el régimen de “Inocencia Fiscal”.
La iniciativa apunta específicamente contra los artículos 38 a 42, que establecen un régimen de declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias y determinadas consecuencias frente a futuras fiscalizaciones.
Di Tullio denomina a estas disposiciones “blindaje fiscal” y sostiene que pueden generar zonas de discrecionalidad y limitar las posibilidades de control sobre determinados contribuyentes.
Qué establecen los artículos cuestionados
El artículo 38 permite que determinadas personas humanas y sucesiones indivisas opten por presentar una declaración jurada simplificada de Ganancias, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la norma.
El artículo 39 establece un efecto liberatorio para las obligaciones tributarias alcanzadas por el régimen, mientras que el artículo 40 establece una presunción de exactitud de la declaración presentada.
Esa presunción no es absoluta. La normativa contempla la posibilidad de que ARCA intervenga cuando detecte una discrepancia significativa entre lo declarado y la información disponible.
El artículo 41 determina qué elementos no deben considerarse para establecer esa discrepancia, mientras que el artículo 42 regula las consecuencias cuando ARCA efectivamente detecta inconsistencias, incluyendo la posibilidad de ampliar la fiscalización a períodos no prescriptos y determinar diferencias tributarias.
Es justamente ese esquema de protección frente a determinadas revisiones posteriores el que genera la principal controversia política.
Por qué Di Tullio habla de “blindaje”
La expresión “blindaje fiscal” no es la denominación jurídica de la ley, sino la caracterización utilizada por la senadora para cuestionar sus efectos.
Su argumento es que la combinación de la presunción de exactitud, el efecto liberatorio y las limitaciones a determinadas fiscalizaciones puede reducir el margen de actuación del Estado sobre períodos ya alcanzados por el régimen.
La legisladora también advierte sobre la situación de funcionarios públicos que se habrían acogido al régimen de sinceramiento fiscal.
En ese contexto, Di Tullio considera que las disposiciones podrían dificultar investigaciones vinculadas con posibles hechos de corrupción o lavado de activos y las vincula con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción.
Una disputa que también alcanza al régimen penal tributario
La discusión no se limita a los artículos 38 a 42.
La Ley 27.799 también modificó el Régimen Penal Tributario, elevando los montos a partir de los cuales determinadas conductas pueden configurar delitos tributarios.
Para Di Tullio, el conjunto de modificaciones merece una revisión legislativa porque podría reducir las herramientas disponibles para investigar determinadas maniobras.
“Este gobierno hace leyes para cubrir sus propios delitos”, afirmó la senadora bonaerense.
La acusación forma parte de su posicionamiento político y no implica que la ley establezca una inmunidad general frente a investigaciones penales por corrupción o lavado de activos.
El Congreso deberá discutir el alcance del régimen
El proyecto presentado por Di Tullio propone eliminar los artículos 38 a 42 y recuperar un esquema con mayores posibilidades de fiscalización sobre las obligaciones tributarias.
La discusión plantea, en definitiva, un interrogante sobre el equilibrio entre simplificar el cumplimiento fiscal y garantizar las herramientas de control del Estado.
Mientras el oficialismo presenta el régimen como una forma de reducir la presión y facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, la oposición cuestiona que sus efectos puedan terminar funcionando como un límite para futuras fiscalizaciones.
Ahora será el Congreso el que deberá definir si el denominado “blindaje fiscal” debe mantenerse, modificarse o directamente desaparecer.
