Causa ANDIS: las revelaciones de Nadia Beller contra Fernando Cerimedo desde Bolivia que sacuden a Balcarce 50
La abogada baleada en Santa Cruz de la Sierra rompió el silencio e involucró al consultor libertario y a Natalia Basil en la filtración de las grabaciones por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
📚 Para entender esta historia
El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estalló tras la difusión de grabaciones asignadas a su ex titular, Diego Spagnuolo, revelando un circuito de retornos. La causa judicial dio un vuelco este 18 de agosto de 2026 cuando la abogada Nadia Beller fue baleada en Bolivia y acusó a su ex pareja, Fernando Cerimedo, de orquestar la filtración mediática que compromete a la cúpula del Poder Ejecutivo.
La política argentina suele regalarnos tramas dignas de un folletín policial de medianoche, pero la secuencia alrededor de la causa ANDIS ha superado cualquier estándar previsible de la gestión pública. Lo que comenzó en los tribunales de Comodoro Py como una investigación por presuntas comisiones ilegales en la compra de medicamentos derivó en una tentativa de feminicidio en Santa Cruz de la Sierra, un consultor de comunicación demorado en el aeropuerto internacional Viru Viru y un tendal de acusaciones cruzadas que resuenan con fuerza en Balcarce 50.
Desde la cama del hospital cruceño donde se recupera tras recibir disparos en la puerta de un hotel sobre el Canal Isuto, la abogada boliviana Nadia Beller rompió el silencio el martes 18 de agosto. Su testimonio no solo colocó a su expareja, el estratega digital Fernando Cerimedo, bajo la lupa de la justicia boliviana, sino que apuntó directo al origen del material que hace crujir la arquitectura política del oficialismo.
El origen de los audios en la causa ANDIS y el cerco sobre Karina Milei
En declaraciones brindadas a Radio Rivadavia y El Destape 1070, Beller afirmó que el propio Cerimedo le confesó la mecánica del procedimiento. Según su relato, la difusión de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo contó con la participación activa de Natalia Basil, exdirectora nacional en la Agencia Nacional de Discapacidad y exesposa del empresario. «Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei», aseveró la profesional, sosteniendo que posee registros respaldatorios en sus dispositivos.
La revelación no representa un detalle de color para la contienda judicial. La validez probatoria de esas piezas auditivas constituye el terreno de disputa más severo entre el fiscal Franco Picardi y los abogados defensores. Mientras la firma Suizo Argentina reclama la nulidad total del expediente al argumentar que el caso nació de escuchas ilegales, el juzgado de Ariel Lijo ordenó a la Dirección de Criminalística de la Gendarmería Nacional iniciar el próximo 26 de agosto los peritajes de voz oficiales.
El punto central es la contradicción con la sede judicial. El 11 de septiembre de 2025, Cerimedo declaró como testigo bajo juramento ante la fiscalía federal. Si bien admitió que Spagnuolo le relató la existencia de un circuito de coimas cuyo destino final salpicaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo «Lule» Menem, negó haber registrado o filtrado esa conversación. Las palabras de Beller destruyen esa línea argumental y reabren el interrogante sobre quiénes operaron en las sombras.
De la Agencia Nacional de Discapacidad a la fiscalía de Santa Cruz de la Sierra
Frente a la escalada del conflicto, la estrategia de la Casa Rosada consistió en aplicar un rápido distanciamiento institucional. Voceros oficiales aclararon que Cerimedo no posee cargo formal dentro de la estructura del Estado argentino y que se encontraba distanciado del Presidente. No obstante, las conexiones de la red involucrada exhiben ramificaciones difíciles de aislar. La propia Natalia Basil, tras su paso por el área de Apoyos y Asignaciones Económicas del organismo conducido por Spagnuolo, pasó a desempeñarse como asesora en la presidencia de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
En el frente penal boliviano, el fiscal general Roger Mariaca y la fiscal Yolanda Aguilera investigan al consultor argentino bajo la figura de presunta autoría intelectual por tentativa de feminicidio. Su abogado defensor, Ernesto Guiraldes, insiste en la inocencia de su cliente, argumentando que la imputación carece de sustento material y depende de forma exclusiva de los dichos de la denunciante.
En paralelo, la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli mantiene abierta una causa por presunto espionaje ilegal. De la validez de los archivos depende no solo el futuro procesal de los exfuncionarios, sino la sustentabilidad política de una bandera de transparencia que hoy exhibe severas fisuras.
El costo político del fuego amigo en la administración estatal
Resulta revelador observar cómo una fuerza política que irrumpió cuestionando los vicios de la gestión pública tradicional termina envuelta en un laberinto donde confluyen nombramientos cruzados, grabaciones clandestinas y rendiciones de cuentas en tribunales extranjeros. No alcanza con inaugurar discursos de austeridad como quien pinta el frente de la casa antes de que lleguen las visitas, si en los pasillos de las dependencias oficiales los teléfonos graban más de lo que gestionan.
La disputa por la paternidad de las filtraciones trasciende el terreno policial para convertirse en un síntoma administrativo. Cuando la confianza interna se sostiene mediante archivos guardados en un celular secundario, la gobernabilidad se vuelve frágil y las explicaciones oficiales pierden consistencia.
El peritaje técnico a cargo de Gendarmería determinará la autenticidad de las voces y si existieron ediciones en los archivos. Lo que ningún peritaje forense podrá recomponer es la credibilidad de un espacio donde las diferencias internas se resuelven entre despachos estatales y expedientes judiciales.
Entre asesores cruzados en AySA, peritajes de voz pendientes y consultores que se desmarcan, la transparencia oficial terminó dependiendo del almacenamiento de un teléfono móvil en una clínica de Bolivia.
Ensobrados, desde la causa ANDIS, donde las internas del Gobierno se resuelven con menos rigor ideológico que una reunión de consorcio con las expensas vencidas.
