AySA: dos ofertas avanzan y la privatización entra en una etapa decisiva
La Nación abrió las ofertas técnicas por el 90% estatal de la empresa. Dos consorcios quedaron en carrera, todavía no hay adjudicatario y una cautelar bonaerense mantiene bajo protección las obligaciones de inversión y calidad del servicio.
La privatización de AySA dejó de ser solamente un anuncio político y entró en una instancia concreta: dos grupos empresarios presentaron ofertas para quedarse con el 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional.
Todavía no hay ganador. Tampoco se conocen las ofertas económicas.
Ahora comienza una etapa menos vistosa, pero fundamental: revisar quiénes cumplen con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras para seguir en carrera.
Quiénes compiten por quedarse con AySA
Según la información oficial del procedimiento, una de las propuestas fue presentada por Rowing SA, junto con Arcos, Transclor y PHX.
La segunda corresponde a Roggio ROAS SAU, acompañado por otros participantes que no fueron individualizados en el comunicado del Ministerio de Economía.
La licitación es nacional e internacional y está dividida en dos etapas. Primero se analizan los antecedentes y la capacidad de los oferentes. Recién después se abrirán las propuestas económicas de quienes resulten habilitados.
Por eso, por ahora, no existe una cifra que permita saber cuánto podría ingresar al Estado por la operación.
El paquete en venta representa el 90% de AySA. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
La empresa fue creada como sociedad estatal en 2006 y actualmente presta servicios de agua potable y cloacas a una población cercana a los 14 millones de personas, con una fuerte presencia en el Conurbano bonaerense.
Y ahí empieza la parte verdaderamente sensible.
El nuevo dueño deberá invertir más de US$2.000 millones
El futuro operador no solamente comprará acciones.
También asumirá compromisos de inversión.
El Ministerio de Economía estableció que deberá ejecutar más de US$2.000 millones durante los primeros cinco años. El Plan de Acción 2027-2031 fue valuado en $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.
El objetivo hacia 2031 es alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas.
A más largo plazo, al finalizar la concesión inicial de 30 años, las metas mínimas suben al 90% y 75%, respectivamente.
También se estableció que durante los primeros cinco años el nivel tarifario deberá mantenerse constante en términos reales, aunque el contrato contempla excepciones. No significa que la factura quede congelada en pesos: podrá aumentar acompañando la evolución de los precios.
En otras palabras, el contrato intenta fijar una regla sobre cuánto paga el usuario mientras determina cuánto deberá invertir el operador.
La cautelar bonaerense que puede cambiar las condiciones
El proceso avanza, pero no está jurídicamente aislado.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar impulsada a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
La resolución impide que AySA reduzca, difiera o altere sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente y la prestación adecuada del servicio.
La medida no frena por sí misma la licitación ni define quién debería quedarse con la empresa.
Lo que hace es poner un límite concreto: el cambio de operador no puede convertirse automáticamente en una excusa para postergar obras, reducir inversiones o flexibilizar obligaciones de calidad mientras continúa la discusión judicial.
Y eso importa especialmente en una empresa cuyo principal territorio de prestación está en Buenos Aires.
La discusión que recién empieza
La privatización también llegó a la Legislatura bonaerense.
Las diputadas Cintia Romero y Ayelén Rasquetti, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de declaración de rechazo al proceso nacional. La iniciativa fue girada a la Comisión de Servicios Públicos y todavía no tiene despacho.
Los cuestionamientos opositores apuntan al impacto que podría tener el nuevo esquema sobre las tarifas, las obras y el acceso al servicio.
El Gobierno nacional sostiene el argumento contrario: que el capital privado permitirá financiar la expansión de las redes mientras el Estado conservará funciones de regulación y control.
Ahora habrá que ver qué dicen los papeles.
Porque detrás de la pelea entre privatización y Estado hay algo bastante menos ideológico y mucho más concreto: millones de personas abriendo la canilla todos los días.
La próxima etapa será determinar quién puede comprar AySA.
La verdaderamente importante será otra: qué empresa acepta las condiciones, cuánto invierte, cuánto cobra y qué pasa si no cumple.
Ahí se va a conocer el verdadero precio de la privatización.
