Se agotó la motosierra: ahora los empresarios le piden a Milei que persiga a los que evaden
El ajuste ya no alcanza para financiar nuevas bajas de impuestos y el Gobierno enfrenta una encerrona fiscal: seguir recortando gasto tiene un costo social cada vez mayor, mientras cámaras empresarias reclaman combatir la evasión y la economía informal. La discusión que viene puede ser menos motosierra y más AFIP.
El modelo económico de Javier Milei empieza a encontrarse con uno de sus límites más incómodos: la motosierra puede cortar gasto, pero no puede hacerlo indefinidamente sin generar consecuencias sociales y políticas cada vez más difíciles de esconder.
Desde el cambio de gobierno, el gasto público consolidado cayó alrededor de 7 puntos porcentuales del PBI. El ajuste permitió alcanzar el superávit fiscal y, en menor medida, financiar modificaciones tributarias. Pero ahora aparece una pregunta inevitable: ¿qué queda por cortar?
El dato adquiere especial relevancia porque ya no son solamente economistas o sectores sindicales los que advierten sobre los límites del ajuste. Distintas cámaras empresarias comenzaron a reclamar que el Estado avance contra la evasión y la informalidad como una forma de generar recursos que permitan reducir impuestos sin volver a deteriorar el gasto público.
En otras palabras: hasta algunos de los sectores que celebraron el orden fiscal empiezan a reconocer que seguir recortando por el lado del gasto tiene un límite.
El ajuste consumió buena parte del margen disponible
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado por su director Nadin Argañaraz, plantea que la Argentina atraviesa una reducción inédita del peso del gasto público.
Según el análisis, el gasto público consolidado disminuyó aproximadamente 7 puntos del PBI respecto de 2023. Pero el destino de ese ajuste resulta particularmente importante.
Dos terceras partes de la reducción fueron destinadas a eliminar el déficit fiscal, mientras que solamente un tercio permitió compensar la pérdida de recaudación derivada de cambios tributarios.
La diferencia explica buena parte del problema que comienza a aparecer ahora.
El Gobierno quiere avanzar con una reforma tributaria y reducir determinados impuestos, pero las cuentas públicas ya no ofrecen el mismo margen para compensar esa pérdida simplemente recortando partidas.
Y ahí aparece la informalidad.
Argañaraz advierte que continuar reduciendo el gasto para financiar nuevas rebajas tributarias supone un desafío social enorme. Por eso gana relevancia la posibilidad de ampliar las bases imponibles mediante una mayor formalización de la economía.
Traducido al idioma de la calle: si no se quiere cobrar más impuestos a quienes ya pagan, habrá que conseguir que paguen quienes hoy no pagan.
Los empresarios también empezaron a mirar hacia la evasión
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) llevó esta discusión al terreno bonaerense con una propuesta concreta: eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el sector manufacturero.
Pero hay una condición inevitable. La provincia debería compensar los recursos que dejaría de percibir.
Según las estimaciones planteadas por los propios empresarios, para eliminar ese tributo al sector manufacturero sería necesario generar recursos equivalentes aproximadamente al 14% de la recaudación provincial actual.
¿De dónde podrían salir?
Una de las respuestas es la formalización de actividades que actualmente funcionan parcial o totalmente por fuera del circuito registrado.
La Cámara Argentina de Comercio y empresarios supermercadistas también llevaron el reclamo al ministro de Economía, Luis Caputo, durante una reunión realizada en julio. Allí pidieron mayor fiscalización sobre el comercio ilegal.
El planteo no es menor. Los comercios de cercanía representan una parte significativa del comercio minorista argentino y, según estimaciones privadas citadas en el análisis, concentran alrededor de la mitad del retail nacional.
La informalidad, además, no termina en el comercio.
El empleo en negro tiene detrás una economía que tampoco aparece en los papeles
Uno de los datos que empieza a incomodar en esta discusión es el nivel de empleo no registrado, estimado en torno al 33% o 34%.
Porque detrás de un trabajador no registrado existe necesariamente una estructura económica capaz de sostenerlo.
Hay ventas que no se facturan, operaciones que no ingresan al circuito bancario, costos que no aparecen y una contabilidad paralela que permite que una parte de la actividad económica permanezca fuera del radar fiscal.
Por eso, cuando las cámaras empresarias reclaman combatir la evasión, el planteo puede parecer paradójico.
Durante años, el sector privado reclamó menos impuestos. Ahora algunos de sus representantes reconocen que una parte de la solución podría estar en cobrarle a quienes directamente no están pagando.
Nicolás Braun, gerente general de La Anónima, había puesto el tema sobre la mesa durante el Coloquio de IDEA de 2025, cuando sostuvo que el Gobierno había hecho un esfuerzo importante para reducir el gasto y conseguir superávit, pero cuestionó que eso todavía no se hubiera traducido en una reducción sustancial de impuestos.
Braun fue directo al reclamar una política más firme contra la evasión y señalar que allí habría recursos equivalentes a varios puntos del PBI.
El reclamo, lejos de venir desde la oposición política, surgió desde uno de los sectores empresarios que tradicionalmente exige mayor disciplina fiscal.
Y ese detalle cambia bastante la discusión.
El problema es que bajar impuestos también cuesta plata
El Gobierno tiene comprometido ante el Fondo Monetario Internacional la presentación de una reforma tributaria durante este año.
Uno de los objetivos planteados es avanzar sobre impuestos considerados distorsivos, entre ellos el gravamen sobre los movimientos bancarios.
Pero hay una cuenta que no desaparece porque se anuncie una reforma.
Si el Estado recauda menos, necesita compensar esos recursos por otra vía.
Y las alternativas son pocas.
Una es seguir recortando el gasto.
Otra es aumentar impuestos, algo políticamente difícil para una administración que construyó buena parte de su identidad sobre la promesa de reducir la presión tributaria.
Y la tercera es ampliar la cantidad de contribuyentes efectivos, reduciendo evasión, informalidad y mecanismos legales que permiten que determinadas actividades queden fuera de la carga tributaria.
La última opción es, al menos en los papeles, la que menos contradice el discurso oficial.
El dato que explica dónde está hoy la presión sobre las empresas
El informe de IARAF también aporta otro elemento interesante.
Desde fines de 2023, los costos relativos de la industria argentina aumentaron alrededor de un 30%. Sin embargo, dentro de esa estructura, los impuestos habrían aumentado aproximadamente un 3%, mientras que otros componentes tuvieron incrementos considerablemente mayores.
Servicios como fletes, publicidad, mantenimiento y alquileres registraron fuertes aumentos relativos, mientras que las remuneraciones laborales también se incrementaron.
Al mismo tiempo, maquinaria y materias primas industriales se abarataron en términos relativos.
Eso significa que el debate tributario no puede reducirse simplemente a la idea de que todos los problemas de competitividad empresarial son culpa de los impuestos.
Hay costos logísticos, laborales, financieros, energéticos y comerciales que también pesan sobre las empresas.
Por eso la discusión que se viene será bastante más compleja que anunciar una nueva poda.
Buenos Aires, La Costa y el impacto que puede sentirse abajo
Para la provincia de Buenos Aires, la discusión es particularmente sensible.
Ingresos Brutos constituye una de las principales fuentes de recursos provinciales. Las tasas municipales, a su vez, son fundamentales para financiar servicios locales.
En municipios turísticos como los del Partido de La Costa, cualquier modificación significativa de la estructura tributaria puede terminar repercutiendo sobre comercios, servicios, empleo y precios.
Pero también existe otra cara del problema: la informalidad compite directamente con quienes cumplen las reglas.
Un comercio que factura, paga cargas sociales, tributa Ingresos Brutos y cumple con las obligaciones municipales enfrenta una estructura de costos muy distinta a la de quien vende sin registrar parte de sus operaciones.
Por eso la pelea contra la evasión no debería plantearse únicamente como una cuestión de recaudación estatal.
También puede ser una cuestión de competencia.
La motosierra llegó al límite de su propia promesa
La paradoja es evidente.
El Gobierno llegó al poder prometiendo terminar con el déficit mediante una motosierra sobre el Estado. Lo hizo a una velocidad que incluso los análisis económicos califican como inédita.
Pero ahora aparece el límite lógico del mecanismo: no se puede financiar indefinidamente una reducción de impuestos reduciendo gasto público sin que llegue un momento en que la factura social sea demasiado alta.
Y cuando ese momento aparece, hasta sectores empresarios empiezan a mirar hacia otro lado de la ecuación.
Hacia la evasión.
Hacia la economía informal.
Hacia quienes no facturan.
Hacia quienes tienen actividad económica pero permanecen fuera del sistema.
La discusión que se abre no es menor. Porque si realmente existe margen para recuperar varios puntos del PBI mediante una lucha más efectiva contra la evasión, la pregunta inevitable es por qué durante tantos años ese dinero quedó fuera del alcance del Estado.
Y hay una segunda pregunta, todavía más incómoda:
¿La motosierra estaba cortando el gasto porque no había otra alternativa o porque era más fácil cortar sobre quienes ya estaban adentro del sistema?
La respuesta va a definir la próxima etapa del modelo económico.
✍️ Redacción Ensobrados
