Costa Atlántica: buscan poner límites a las construcciones sobre médanos y playas con una nueva ley provincial
La senadora radical Nerina Neumann presentó un proyecto para ordenar el desarrollo urbano y turístico del litoral bonaerense. La iniciativa incluye restricciones en zonas vulnerables, revisión de loteos históricos y protección de ambientes naturales. ¿Qué puede cambiar para municipios como La Costa, Pinamar y Villa Gesell?
Durante años, la Costa Atlántica creció mirando al mar. Se levantaron edificios, se multiplicaron los balnearios, aparecieron nuevos barrios y el negocio inmobiliario encontró oportunidades donde antes había médanos, vegetación y terrenos sin urbanizar.
Ahora, una iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense busca poner algunas reglas sobre ese crecimiento.
La senadora provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Nerina Neumann, impulsó un proyecto de ley para crear un régimen específico de protección y ordenamiento del litoral marítimo bonaerense. La propuesta apunta a compatibilizar el desarrollo turístico e inmobiliario con la preservación ambiental y la prevención de riesgos.
El planteo no es menor para municipios como La Costa, Pinamar y Villa Gesell, donde el turismo, la construcción y la explotación de los espacios frente al mar forman parte de la economía local.
La discusión de fondo es cómo seguir creciendo sin comprometer los recursos naturales que sostienen buena parte de esa misma actividad económica.
Una ley para ordenar las construcciones en la Costa Atlántica
Neumann sostiene que las herramientas normativas existentes no fueron suficientes para evitar intervenciones sobre sectores ambientalmente vulnerables.
Entre los antecedentes menciona el Código de Aguas bonaerense, que establece criterios vinculados con la línea de ribera y contempla restricciones para determinadas ocupaciones y construcciones.
Sin embargo, la legisladora considera que la dispersión de normas, las diferencias en su aplicación y la falta de una demarcación integral y actualizada de la línea de ribera justifican establecer un régimen provincial específico.
La iniciativa busca preservar playas, médanos, acantilados y otros ambientes vinculados con la dinámica costera.
También propone prevenir nuevas ocupaciones en sectores expuestos a inundaciones, erosión y otros riesgos naturales, además de recuperar espacios degradados por intervenciones humanas.
No se trata solamente de conservar el paisaje. Los médanos y los sistemas naturales de la costa cumplen funciones importantes en la dinámica del litoral y su alteración puede generar consecuencias que terminan afectando tanto al ambiente como a las localidades.
El punto más sensible: los loteos y las urbanizaciones que todavía no se consolidaron
Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es la propuesta de revisar urbanizaciones y loteos históricos que todavía no llegaron a desarrollarse completamente.
La iniciativa contempla evaluar si esos fraccionamientos son compatibles con las condiciones ambientales actuales.
Esto abre una discusión particularmente sensible para los municipios turísticos: qué ocurre con terrenos que fueron incorporados al mercado inmobiliario hace décadas, pero que podrían encontrarse en sectores donde hoy existen mayores restricciones ambientales o riesgos naturales.
El proyecto también plantea mecanismos para recuperar áreas costeras degradadas y evaluar intervenciones que puedan modificar la dinámica natural del litoral.
Entre las herramientas mencionadas aparecen acuerdos, compensaciones y mecanismos de adquisición de tierras para proteger sectores de valor ambiental.
La discusión, por lo tanto, no termina en prohibir o permitir una construcción. También alcanza a los derechos sobre la tierra, las responsabilidades del Estado y las consecuencias económicas de decisiones urbanísticas tomadas en el pasado.
¿Qué puede significar para el Partido de La Costa?
Para el Partido de La Costa, el debate tiene una importancia particular.
El municipio tiene una extensa franja marítima, localidades con características urbanas diferentes y una economía fuertemente vinculada con el turismo.
La preservación de los médanos, la erosión costera, las intervenciones sobre las playas y el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios son cuestiones que atraviesan a distintas comunidades del distrito.
Una regulación provincial de estas características podría influir sobre los criterios con los que se planifican futuras urbanizaciones e intervenciones sobre el territorio.
Pero también obliga a plantear preguntas que todavía no tienen respuesta: ¿cómo se coordinarán las nuevas reglas con los códigos de ordenamiento urbano municipales? ¿Qué ocurrirá con los loteos aprobados anteriormente? ¿Quién determinará qué sectores pueden desarrollarse y cuáles deben preservarse?
El proyecto reconoce que deben respetarse las competencias de los distintos niveles del Estado. Eso significa que la discusión también involucra a los intendentes y a los concejos deliberantes de los municipios costeros.
Desarrollo turístico o protección ambiental: una discusión que recién empieza
Neumann aclaró que su iniciativa no pretende frenar el crecimiento de las localidades marítimas, sino establecer condiciones para evitar que se repitan problemas derivados de urbanizaciones incompatibles con las características naturales del litoral.
La propuesta incorpora criterios de adaptación frente a fenómenos meteorológicos extremos, monitoreo permanente y actualización de información territorial.
También plantea que el conocimiento científico sobre erosión, playas, médanos y riesgos costeros tenga mayor peso en las decisiones públicas.
El argumento tiene una lógica económica además de ambiental: cuando una intervención sobre el territorio genera consecuencias que después requieren obras, mantenimiento o respuestas del Estado, el costo termina trasladándose a toda la comunidad.
Y ahí aparece una cuestión que merece atención: durante décadas, el desarrollo inmobiliario fue presentado muchas veces como sinónimo de progreso. Pero no siempre se discutió con la misma intensidad quién asume las consecuencias cuando ese crecimiento no contempla las características del terreno.
La iniciativa deberá atravesar el debate legislativo antes de convertirse en ley. Mientras tanto, deja instalada una discusión que los municipios de la Costa Atlántica difícilmente puedan esquivar.
Porque cuidar las playas no significa renunciar al turismo ni a la construcción. Significa discutir qué se construye, dónde se construye y bajo qué condiciones.
El mar seguirá siendo el principal atractivo de estas localidades. La pregunta es si quienes toman las decisiones van a planificar el futuro de la costa o van a seguir esperando que los problemas aparezcan para después buscar quién paga la solución.
